UN ESTADO DE ALARMA PERMANENTE ENCUBIERTO

La reforma publicada en el BOE este pasado 19 de septiembre es la normalización del autoritarismo, la banalización de la privación de las libertades.

El pasado sábado 19 de septiembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE)la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

Son muchos los aspectos que se podrían destacar de la Ley, ya que supone una estocada muy honda a una justicia decadente y raquítica. Además, establece la excepcionalidad en los procedimientos concursales (de crisis económica empresarial) y prohíbe hasta junio de 2020 que los forenses puedan hacer su trabajo con normalidad. Se trata la Ley 3/2020 de una ley muy peligrosa que pretende pasar desapercibida.

En este post nos vamos a centrar exclusivamente en la cuestión relativa a la afectación de los derechos fundamentales.

Mediante la Disposición final segunda de esta Ley se modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en distintos términos.

Por un lado, se modifica el artículo art. 8.6 de la Ley de Jurisdicción Contencioso administrativa (en adelante LJCA). Este artículo dice:

“6. Conocerán también los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de las autorizaciones para  la  entrada  en  domicilios  y  restantes  lugares  cuyo  acceso  requiera el consentimiento de su titular, siempre que ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la administración pública, salvo que se trate de la ejecución de medidas de protección de menores acordadas por la Entidad Pública competente en la materia. Asimismo,  corresponderá  a  los  Juzgados  de  lo  Contencioso-administrativo  la  autorización  o  ratificación  judicial  de  las  medidas  adoptadas  con  arreglo  a  la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales cuando dichas medidas estén plasmadas en actos administrativos singulares que afecten únicamente a uno o varios particulares concretos e identificados de manera individualizada. Además, los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocerán de las autorizaciones para la entrada e inspección de domicilios, locales, terrenos y medios de transporte que haya sido acordada por la Comisión Nacional de la Competencia, cuando, requiriendo dicho acceso e inspección el consentimiento de su titular, este se oponga a ello o exista riesgo de tal oposición.»

Solo el párrafo subrayado y en negrita es el que se añade con la modificación: “restricción de derechos fundamentales cuando dichas medidas estén plasmadas en actos administrativos singulares que afecten únicamente a uno o varios particulares concretos e identificados de manera individualizada”. Lo anterior: “Asimismo, corresponderá a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo la autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental” siempre ha estado en la LJCA.

Su introducción hay que entenderla en relación con la reforma también introducida en la LJCA por esta misma Ley publicada el pasado sábado del art. 10.8 que dice “«Artículo 10. Competencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.

8. Conocerán de la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de ámbito distinto al estatal consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente”.

Básicamente, lo que se ha hecho en esta reforma es cambiar la competencia de los órganos de primera instancia de lo contencioso administrativo para el control de la administración pública: entidades locales, CCAA, órganos de gobierno…y pasarla a los Tribunales Superiores de justicia.

¿Qué consiguen con eso las instituciones del Estado?

Se consigue un mayor control sobre los órganos de justicia, sobre las personas que han de pronunciarse acerca de la legalidad y pertinencia de las medidas que se adopten con motivo de la gestión sanitaria. Dicho de un modo más informal: se evitan que no haya jueces que hagan la locura de considerar que las políticas de gestión que se están adoptando (y que se traducen en actos administrativos) vulnera derechos fundamentales de las personas.

No obstante, se mantienen los órganos de primera instancia para el control de actos administrativos identificados frente a una persona concreta, con una modificación importante de la que luego daremos cuenta: la intervención del Ministerio Fiscal. Pero los actos que afectan a toda la población (aunque singularmente afectan nuestros derechos) serán los Tribunales Superiores de Justicia.

Pero, además, se da potestad a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, tribunal de excepción por excelencia para:

«La autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que la autoridad sanitaria estatal considere urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de derechos fundamentales, cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente» Art. 11.1.i)

Nuevamente, es una forma de blindar el control sobre las decisiones judiciales.

Por último, con esta Ley se añade un nuevo artículo 122 quater a la LJCA con el siguiente contenido:

«Autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales. En la tramitación de las autorizaciones o ratificaciones a que se refieren los artículos 8.6, segundo párrafo, 10.8 y 11.1.i) de la presente Ley será parte el ministerio fiscal. Esta tramitación tendrá siempre carácter preferente y deberá resolverse en un plazo máximo de tres días naturales.»

¿Qué significa esto?

En primer lugar, que en todos los supuestos que se acaban de mencionar recogidos en el art. 8.6., 10-8 y 11.1. i) será parte siempre el Ministerio Fiscal y las resoluciones deberán resolverse en un máximo de tres días naturales.

Es preocupante la introducción de la actuación del Ministerio Fiscal en estos procesos, ya que vulnera la separación de poderes, y es especialmente trascendente que se recoja su presencia para los supuestos del art. 8.6. LJCA, como antes se ha apuntado, ya que se tratan de actos administrativos singulares que afecten únicamente a uno o varios particulares concretos e identificados ¿qué se pretende con ello? ¿Mano dura en cada caso singular y flexibilización del respeto a los derechos fundamentales? Tendremos que estar atentas.

Por último, parece evidente que con estas modificaciones el Gobierno ha habilitado un mecanismo de vía libre (sin apenas controles) a las vulneraciones de derechos fundamentales en su gestión y la de los poderes políticos en cada territorio.

Es evidente que el horizonte ya no está en la declaración de un estado de alarma o estados de alarma parciales por parte de las Comunidades Autónomas para la adopción de medidas sobre la población, sino en la aprobación de actos administrativos ordinarios que restrinjan derechos de la ciudadanía.

Es la normalización del autoritarismo, la banalización de la privación de las libertades.

Dicho de otro modo, el estado de alarma (el cual se cuestiona pueda restringir derechos fundamentales, debería declararse un estado de excepción, como se expresó en otro post de este blog) y sus consecutivas prórrogas limitaron los siguientes derechos fundamentales en mayor o menor medida: libertad de culto (art. 16 CE), la libertad (art. 17 CE), la intimidad personal y familiar (art. 18 CE), la libertad de ambulatoria, de residencia y de salida de España (art. 19 CE), la libertad de comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión (art. 20), el derecho de reunión y manifestación (art. 21), el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24) y el derecho a la educación (art. 27).

Lo que se ha hecho con la aprobación de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia es una vía para un estado de alarma encubierto que permita sin controles jurisdiccionales de facto la vulneración sistemática de los derechos fundamentales de la ciudadanía: confinamientos masivos indiferenciados, confinamiento masivos diferenciados, prohibición de reuniones y manifestaciones, restricciones de la movilidad etc.

Con todo, más que nunca, es importante que no haya un efecto de desaliento pretendido en la norma y todxs salgamos a las calles a reivindicar nuestros derechos.

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