INFORME CORONAVIRUS. Análisis comparativo de las políticas de gestión de la pandemia en Europa y una aproximación al fenómeno de la epidemia desde la ciencia política

Compartimos este informe de Esteban Vidal, politólogo, que es una excelente aproximación a la gestión de la pandemia desde la ciencia política. En la primera parte, el trabajo describe las distintas políticas de gestión de la pandemia de la Covid-19 en Europa para mostrar cómo se trata esta de una cuestión política y no sanitaria. Luego de ello, el autor dedica una segunda parte a abordar cuestiones tales como: la biopolítica de la nueva normalidad, lo controvertido de las pruebas PCR, las lógicas de dominación instaladas en la sociedad apuntaladas en el miedo y la vigilancia, el impacto en la economía o la cuestión de la vacuna. Finalmente, podéis encontrar un amplio apartado con todas las referencias utilizadas en el texto para que si lo deseáis conozcáis las fuentes de primera mano.

Os dejamos de seguido las conclusiones y podéis acceder al texto completo en el pdf que encontraréis más abajo.

¡Os deseamos una buena e intensa lectura!

Las diversas formas de gestionar la pandemia en Europa reflejan diferentes maneras de abordar un mismo problema, lo que cuestiona que las decisiones adoptadas en materia sanitaria por cada país fuesen las únicas posibles, tal y como se le dijo a la opinión pública en la mayoría de los casos. Por el contrario, comprobamos que esta diversidad de enfoques obedece no tanto a razones de tipo médico, sino más bien a exigencias de carácter político que guardan estrecha relación con el grado de legitimidad de las instituciones en cada país.

Así pues, la disparidad en los distintos modelos de gestión sanitaria de la pandemia entre países como, por ejemplo, Suecia o Islandia y España o Italia se explica en su mayor parte por el déficit de legitimidad que arrastran las instituciones en los países que optaron por un modelo de intervención máxima del Estado. La falta de confianza de los ciudadanos en las instituciones contribuyó a una completa politización de la salud.

Sin embargo, una constante se repite en todos, o casi todos los países, y esta no es otra que la muerte de miles de ancianos en las residencias en las que estaban alojados. En algunos casos como resultado de la propia intervención del Estado al negarles la atención médica que requerían, o simplemente como resultado de su aislamiento. A esto se suman numerosas negligencias que facilitaron el contagio en estas residencias como resultado del trasiego de trabajadores de los hospitales. En lo que a esto se refiere, la pandemia ha sido una oportunidad que los Estados han utilizado para deshacerse de parte de la población improductiva que es considerada una carga, lo que no deja de ser una muestra de lo que está dispuesto a hacer si su supervivencia como institución corre peligro. En marzo los ancianos fueron sacrificados por el Estado español, mañana puede ser cualquier otro colectivo. Nada hace pensar que situaciones de este tipo no puedan producirse de nuevo en el futuro, máxime si tenemos en cuenta que los responsables de lo ocurrido siguen ocupando sus cargos con total impunidad.

A tenor del modo en el que ha sido conducida la situación durante los últimos meses, tanto en España como en otros países, es imprescindible la apertura de una investigación extraparlamentaria liderada por miembros de la sociedad civil para dilucidar las correspondientes responsabilidades, políticas y también penales, de quienes tomaron las decisiones que produjeron la muerte de miles de ancianos en las residencias. Esta parece la opción más razonable si tenemos en cuenta que las denuncias presentadas por los familiares de los fallecidos están siendo archivadas (20minutos 2020; Solé 2020; Cornejo 2020; Diario de Pontevedra 2020; La Sexta 2020b).

Muchas de las personas que murieron en las residencias de ancianos no lo hicieron a causa del covid-19, sino que generalmente lo hicieron con covid-19 sin haberse esclarecido las razones reales que produjeron su fallecimiento. La mala salud de estas personas unido a su edad, y por ello una esperanza de vida reducida, fueron condiciones que facilitaron su muerte. De hecho es posible que muchos de ellos hubieran fallecido en el transcurso de 2020 si no hubiera habido ninguna epidemia, aunque esto es algo que nunca sabremos con total certeza. En cualquier caso la propagación del virus y la acción de los Estados contribuyó notablemente a que estas personas fallecieran entre marzo y abril de este año para el caso español, todo ello como consecuencia de una política criminal y extremadamente cruel a la luz de los testimonios de los trabajadores de estos centros (MSF 2020, 2020b). Así pues, la magnitud y las circunstancias en las que se produjeron estas muertes nos llevan a hablar de un gerontocidio. El Estado aprovechó una situación de emergencia para privar a los residentes de estos centros de la atención que requerían, mientras extendía su control social sobre el resto de la población con el confinamiento y la militarización del orden público.

Por otro lado, hay que concluir que la enfermedad en sí misma no constituye ninguna novedad si tenemos en cuenta que entre el 7 y 15% de las enfermedades respiratorias son coronavirus (Wodarg 2020). A esto hay que sumar que se ha producido una exageración del peligro que entraña el covid-19, cuando en la práctica únicamente ha sido letal para una muy pequeña porción de la población que es justamente la que se concentra en las residencias de ancianos. Los mayores estragos de este virus se han producido justamente entre los más vulnerables dada su edad y sus malas condiciones de salud, lo que ha producido una mortalidad espectacular en España, pero también en Italia donde, dicho sea de paso, también hay en marcha denuncias de los familiares de los fallecidos (Savio 2020; Economía Digital 2020). Sin embargo, nada de esto niega el hecho de que una porción significativa de ancianos ha conseguido superar con éxito la enfermedad (Peña 2020; Breed 2020; Alba 2020; CBS 2020b). Tal es así que la mortalidad entre mayores de 70 años en Alemania es del 20,5%, en España el 18,9% y en Italia alcanza el 19,5% (Robert Koch Institute 2020; Wieler et alii 2020; Ritchie et alii 2020).

Dadas las características del propio virus, así como la información disponible a través de estudios publicados en revistas científicas y recogidos en los informes de la OMS, las medidas adoptadas por las autoridades son del todo injustificadas, y demuestran que la pandemia en sí misma está lejos de ser una cuestión sanitaria sino más bien política. El nivel de mortalidad que produce en la población es, en general, relativamente bajo si lo comparamos con epidemias del pasado reciente, como es el caso de la gripe. En el peor de los casos el coronavirus produce una mortalidad semejante a la de una gripe fuerte, lo que no deja de ser una afirmación que requiere todas las cautelas a tenor de los problemas para contabilizar los fallecimientos por coronavirus, que son muy distintos a los de aquellas personas que murieron con coronavirus pero por razones distintas. El único país que ha establecido una clara distinción entre los fallecidos por coronavirus y los fallecidos con coronavirus es Suecia (Knapton 2020). En cualquier caso, ninguna gripe, a pesar de toda la mortalidad que produce todos los años, ha sido nunca razón suficiente para declarar el estado de alarma, confinar a toda la población y cerrar la economía.

La instigación del miedo e incluso el pánico entre la población por parte de medios de comunicación que han sembrado el alarmismo, y construido así una imagen sesgada y tergiversada de la realidad y del peligro real que entraña el covid-19, ha servido para imponer una atmósfera, y sobre todo una opinión pública, que hizo aceptables una serie de medidas políticas que en otras circunstancias nunca hubieran sido consentidas. Todo esto refleja la confluencia de diferentes intereses creados en torno a esta situación, como es, por un lado, la ambición de ciertos medios de comunicación de aumentar sus audiencias por medio del alarmismo y del sensacionalismo; la ambición de diferentes profesionales sin escrúpulos en distintos campos científicos para medrar profesionalmente, y que tampoco dudaron en utilizar el miedo para conseguir sus propósitos; el no menos evidente interés de los grupos farmacéuticos para desarrollar una vacuna, así como nuevos medicamentos para tratar esta enfermedad; y finalmente el interés del Estado, expresado a través de las decisiones de los altos funcionarios con el consentimiento de toda la clase política, como sucede en España, para establecer una sociedad disciplinaria y aumentar su poder a expensas de laminar la libertad y los derechos fundamentales de la población.

La pandemia mundial ha sido una ventana de oportunidad política de los Estados para, no sólo laminar los derechos y libertades de la sociedad, sino sobre todo para implantar un estado de excepción permanente en el que los poderes se han concentrado en la rama ejecutiva que actúa con cada vez menos restricciones, todo ello bajo el pretexto de una emergencia que es presentada como una amenaza existencial para la comunidad política. Esto ha dado pie a la implantación de la denominada “nueva normalidad”, lo que expresa la intención de hacer irreversibles los nuevos cambios introducidos, hecho que queda corroborado por los discursos de las diferentes autoridades y constatado por las reflexiones de distintos juristas y pensadores como, por ejemplo, Giorgio Agamben (Política y Letras 2020). En lo que a esto respecta son tres las transformaciones decisivas que están siendo llevadas a cabo.

La primera de ellas es la extensión del control social del Estado, lo que se refleja en la formación de un sistema de vigilancia y regulación continua de la población. Esto ha encontrado su concreción en los confinamientos, los estados de alarma, etc., pero sobre todo en la implantación de un Estado policial con el establecimiento de diferentes mecanismos, tanto tecnológicos como organizativos, para rastrear a la población y a sus respectivos contactos. El cuerpo de la persona, junto a su salud, se convierte en posesión del Estado, en un espacio de poder donde esta institución despliega sus controles, regulaciones, y al que permanentemente somete a una estrecha vigilancia. Una situación de emergencia sanitaria es el pretexto para justificar medidas de excepción que finalmente se convierten en la “nueva normalidad”, lo que siempre ha sido un mecanismo presente en el orden constitucional de los regímenes liberales, circunstancia esta que históricamente les ha hecho deslizarse hacia el totalitarismo (Política y Letras 2020). Todo esto se combina con la censura y el silenciamiento de sectores críticos y disidentes, a lo que le acompaña la manipulación mediática de las jerarquías representativas que diseñan, elaboran y propagan el discurso oficial. Se trata, en suma, de un conjunto de agresiones a derechos y libertades fundamentales como la libertad de expresión, de pensamiento, la libertad civil e incluso de culto, hasta el punto de que la policía ha llegado a supervisar la celebración de actos religiosos bajo el pretexto de garantizar el cumplimiento de la distancia de seguridad (La Voz de Galicia 2020). Asimismo, el derecho de reunión, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a manifestarse han sido cercenados y suspendidos también bajo el pretexto de la salud pública.

La segunda gran transformación a la que asistimos es a la de las relaciones sociales que son completamente reorganizadas, lo que obedece a las necesidades estratégicas de dominación del Estado. Estos cambios en el modo de relacionarse las personas es la consecuencia lógica de la extensión del control social, hecho decisivo que en el momento actual significa la destrucción de la sociedad que hasta ahora nos ha sido conocida para, a continuación, ser completamente reconstruida sobre unas normas de convivencia totalmente diferentes. La tendencia general es la de aislar al individuo, y por tanto despojarle de su faceta social al prohibir los espacios de socialización en donde se produce el encuentro con los otros. Los demás son una amenaza, y por ello hay que mantener la distancia al ser fuente de infección, de enfermedad y de mal. La suspensión del derecho de reunión y de la inviolabilidad del domicilio ha contribuído decisivamente a esto, junto a todas las restantes medidas encaminadas a producir una sociedad disciplinada y atomizada. En este punto es cuando la máxima de “divide et impera” cobra plena vigencia como estrategia del poder para ejercer su dominación sin encontrar resistencia entre los sometidos. Individuos solitarios y aislados son vulnerables a las agresiones del poder al no encontrar apoyo en su círculo inmediato, consecuencia de la pulverización de sus relaciones sociales. El Estado decide cuándo, dónde y de qué forma deben desarrollarse las relaciones entre las personas que quedan bajo la supervisión de un panóptico social, lo que significa la implantación de un orden totalitario bajo el pretexto de la salud pública.

Asimismo, la biopolítica del poder ha encontrado en el ámbito económico su concreción en la eliminación física de quienes son considerados una carga para el Estado, a lo que se han unido todo tipo de medidas dirigidas a reducir el gasto social del que históricamente se han beneficiado dichos grupos sociales, como ocurre con los ancianos. De esta forma la Seguridad Social en España ha visto disminuir su gasto de pensiones por primera vez, lo que supone un importante ahorro a largo plazo. A lo que cabe añadir los ingresos que el Estado recaudará a través de los impuestos sobre las herencias de las personas fallecidas, además de la apropiación de aquellas propiedades que no tengan herederos.

La transformación del sistema sanitario en un servicio telemático, al que previsiblemente le serán incorporados elementos de las nuevas tecnologías, como el machine learning o la inteligencia artificial, son una expresión más de las consecuencias socioeconómicas de las medidas adoptadas durante la epidemia. Además de esto, el Estado libera recursos de ciertos departamentos al restringir, aplazar o cancelar determinados servicios, lo que supone una medida de ahorro que se combina con restricciones a ciertas actividades económicas con el propósito de reorganizar a partir de un nuevo criterio el tejido productivo. Todo esto, unido a los efectos del confinamiento, ha conllevado una transferencia de riqueza de los asalariados y pequeños propietarios a manos de las grandes corporaciones transnacionales. En este contexto los gigantes tecnológicos encargados del big data, y de proveer la infraestructura para la digitalización de la fuerza de trabajo, así como para suministrar a los Estados de los medios precisos para establecer su control social, van a salir, sin duda, muy beneficiados de esta situación (Hernández 2020).

Sin duda la propagación del covid-19 ha sido una oportunidad para sobredimensionar su peligrosidad, crear pánico y favorecer una serie de medidas que han permitido a determinadas compañías obtener contratos multimillonarios. Asimismo, comprobamos que constituye una ventana de oportunidad política para implantar una sociedad disciplinaria, lo que se refleja, a su vez, en la biopolítica del Estado que hoy conlleva la laminación de derechos y libertades fundamentales con la implantación de un estado de excepción que extiende su control social en todas direcciones. Todo esto se combina con la ambición de un grupo influyente de científicos y demás expertos que buscan promocionar sus carreras en las estructuras funcionariales del Estado, en las universidades y en la industria farmacéutica con la que mantiene estrechas relaciones. Un ejemplo de esto es el doctor Moncef Slaoui, anterior director de Moderna, y que está al cargo de dirigir el programa de vacunación covid-19 de la administración Trump. Slaoui posee 10 millones de dólares en acciones de Moderna que recibe fondos federales, y que como consecuencia de esto ha visto dispararse el precio de sus acciones (Corcoran 2020). Otro ejemplo es el de uno de los creadores del test PCR y que en la actualidad es el CEO de la compañía biotecnológica TIB Molbiol que es, a su vez, la que hoy produce y vende millones de tests (Hoffmann 2020).

Todo lo hasta ahora expuesto nos muestra que el coronavirus ha sido una oportunidad que ha facilitado la confluencia de los intereses de diferentes actores. Además de los ya citados cabe destacar el papel de los principales medios de comunicación a la hora de moldear la opinión pública, pero en los que también ha tenido un peso importante su dependencia del Estado en muchas ocasiones, ya sea a través de subvenciones o por medio del acceso privilegiado a altos funcionarios que los ponen a su servicio. La ambición de estos medios tampoco puede ser pasada por alto a la hora de propagar el miedo y el alarmismo con el propósito de aumentar la audiencia. Asimismo, estos emporios mediáticos han sido decisivos a la hora de respaldar la política sanitaria de los Estados, y sobre todo en la elaboración del discurso público mediante el silenciamiento de cualquier punto de vista o información discrepante con la línea oficial marcada desde las altas esferas. Naturalmente todo esto ha ido en detrimento de la pluralidad, del derecho a la información del público, y sobre todo de la libertad de expresión que ha sido cercenada por medio del vilipendio y el hostigamiento de aquellos que disienten con el discurso dominante.

Dicho todo esto, ¿cómo cabe entender el fenómeno de la epidemia del coronavirus?, ¿cómo ha sido posible llegar hasta la actual situación en la que los Estados han expandido su poder a costa de los derechos y libertades de la población? La respuesta está en lo que ocurrió en China en las fases iniciales de la propagación del virus. En aquel país los virólogos creyeron haber encontrado en el coronavirus algo diferente y extraordinario (Wodarg 2020). Existió un componente sensacionalista entre estos expertos que sirvió para impresionar a las autoridades chinas que, a su vez, hicieron del virus algo grande y sensacional por medio del alarmismo que infundieron, aunque de un modo del todo exagerado e injustificado en relación al peligro real que este virus representa. Indudablemente esto contribuyó decisivamente a convertir la enfermedad en una cuestión política de primera magnitud, hecho este que se combinó con las propias condiciones políticas internas de China. Nos referimos a la resuelta oposición al régimen totalitario manifestada por una parte de la población durante los fastos del 70 aniversario de la República Popular. Así pues, las autoridades chinas, casi de repente, comenzaron a establecer todo tipo de controles policiales con cámaras de reconocimiento facial y térmico instaladas en todas partes: aeropuertos, calles, estaciones de trenes, etc. Naturalmente estas medidas no pasaron desapercibidas en el exterior y pronto adoptaron una importante repercusión internacional por un efecto de imitación. Al fin y al cabo los líderes de otros países tenían que adoptar una postura respecto a lo que ocurría en China.

Tal y como fue indicado antes, el aumento del poder de un Estado sobre su población significa un aumento de sus capacidades internas que sirven para reforzar su posición en la esfera internacional. Dado que la competición define la mayor parte de las relaciones internacionales, los Estados competidores, ante este tipo de conducta, proceden a aumentar igualmente su poder sobre sus respectivas sociedades para, así, mantenerse a la altura del desafío presentado por la potencia innovadora (Waltz 1988, 2000). En esta ocasión sucedió algo parecido en la medida en que China es una de las principales potencias del sistema internacional, con lo que las medidas adoptadas en su territorio tuvieron el efecto de una onda expansiva que se propagó por el resto del planeta, y puso así en marcha un proceso con una dinámica interna que conduce al establecimiento de una sociedad disciplinaria.

En la medida en que este tipo de procesos son muy difíciles de parar una vez son puestos en marcha, la dinámica que les conduce tiende a producir sus propios resultados. En el caso de los demás países, al margen de sus respectivas particularidades, se produjo una respuesta común debido a que ante los mismos interrogantes las respuestas que surgían procedían, también, del mismo tipo de especialistas que buscaban jugar un papel relevante ante este nuevo contexto de alarma, emergencia, sensacionalismo y, desde luego, miedo propagado en la sociedad. Virólogos, epidemiólogos, estadísticos, etc., buscaron ganar protagonismo al presentarse con sus propias respuestas e ideas acerca de cómo afrontar la situación. En este sentido se limitaron a responder lo que sus jefes esperaban, o más bien deseaban, para confirmar una serie de medidas que en lo más fundamental fueron una imitación de las adoptadas por China en su territorio.

La consecuencia de lo antes descrito no fue otra que la formación de una red de expertos que compartían e intercambiaban información, datos, opiniones, planes de acción, protocolos, etc. Las estructuras estatales que gobiernan la sociedad, y en el seno de las que muchos de estos expertos se encontraban ya insertos, se limitaron a absorver e integrar este movimiento de información, de actividad entre los diferentes círculos de expertos, en su propia dinámica, y a adaptar dicho proceso a sus necesidades internas de dominación. En cierto modo esto contribuyó a dar un impulso a estas estructuras en la forma de una política expansiva que se manifiesta en una creciente supervisión, regulación e intromisión en una extensa y variada cantidad de ámbitos diferentes de la vida de las personas bajo el pretexto de la salud pública.

Este contexto de movilización permanente del Estado en el que los expertos en el ámbito epidemiológico, virológico, estadístico, etc., ganaron creciente protagonismo e importancia, ha tenido unas consecuencias profundas en el conjunto de la sociedad, pero sobre todo entre los grupos de expertos y especialistas de todo tipo. La política sanitaria del Estado en la gestión de la pandemia ha operado así como una fuerza centrípeta en torno a la que han comenzado a orbitar estos grupos de especialistas, dispuestos todos ellos a ofrecer sus consejos, recomendaciones, puntos de vista, etc., en el marco de la nueva tendencia iniciada en marzo de 2020. Científicos y expertos de todo tipo han comenzado a hacer méritos ante el Estado, y por ello a cortejar a las autoridades sanitarias para tomar parte activa en el diseño, elaboración, implementación y justificación de las políticas adoptadas. Todos ellos se ofrecen para servir al interés nacional, lo que está unido a su ambición personal para desarrollar sus carreras profesionales en las estructuras de poder a las que se dirigen, así como en los sectores auxiliares de esta, como sucede con la industria farmacéutica, la universidad y los medios de comunicación de masas. Estos científicos no sólo buscan medrar con la consecución de nuevos cargos, también aspiran a ser importantes en términos políticos, a conseguir financiación para sus respectivas instituciones y proyectos. Por esta razón se han unido al mainstream de sensacionalismo y alarmismo generado en torno a la pandemia, y lo están aprovechando para vender y anunciar sus ideas y proyectos: apps, programas, tests, experimentos, etc. Su objetivo es sencillo, y no es otro que ganar dinero, alcanzar notoriedad pública y poder.

El Estado asumió toda la narrativa que estos círculos de expertos desarrollaron en torno al covid-19, y pasó a ser la línea argumental sobre la que descansa la justificación de su política sanitaria. Asimismo, esta narrativa ha servido para establecer el marco general en función del que debe ser evaluada la evolución del coronavirus, y consecuentemente las sucesivas medidas, en forma de restricciones y crecientes controles, que deben ser adoptadas. Esta dinámica es la que está haciendo posible la implantación de una sociedad disciplinaria con el desarrollo de un Estado policial y de excepción, la transformación de las relaciones sociales con el establecimiento de unas nuevas reglas de convivencia y la reorganización del conjunto de la economía. Este proceso ha originado una vorágine securitaria que ha revolucionado las estructuras estatales, y que se ha traducido en una transferencia de poder de la sociedad al Estado en un contexto de emergencia marcado por el pánico en la población. La atmósfera de miedo es, en definitiva, lo que hizo aceptables todas esas medidas draconianas que implicaron la laminación de derechos y libertades fundamentales como, por ejemplo, el derecho de reunión, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de movimientos, la libertad de expresión, la libertad de culto, etc. Así se entiende que Jonathan Sumption, antiguo juez del tribunal supremo del Reino Unido, afirmase que las medidas adoptadas en su país habían establecido un Estado policial como resultado de una reacción irracional en la respuesta a la propagación del covid-19. Desde su punto de vista la amenaza del coronavirus ha sido exagerada, y esto ha sido utilizado para que la población renuncie a su libertad (The Spectator 2020).

Nos encontramos ante una revolución desde arriba en la que el Estado impulsa cambios que tienen un efecto multiplicador en la sociedad. Hoy un virus relativamente corriente se ha convertido en objeto de toda la atención, hasta el punto de que sólo la gente muere por esta enfermedad, las hospitalizaciones sólo son de coronavirus, y del mismo modo sólo existen infecciones provocadas por el covid-19. Ha sido implantada una atmósfera de miedo que se ha propagado por toda la sociedad, y este es el principal problema al que se enfrenta la humanidad entera. El virus ya no es el covid-19, es el miedo. Una sociedad basada en el miedo, e incluso en el pánico, no es viable a medio plazo, y tarde o temprano se desploma. No sin razón el profesor de la Queen Mary University London, John Oxford, uno de los principales virólogos y especialistas en gripe del mundo, concluyó respecto al tratamiento que el coronavirus está recibiendo en los medios de comunicación que es aconsejable pasar menos tiempo viendo noticias de televisión debido a su sensacionalismo. A su juicio la epidemia es más bien mediática (Oxford 2020).

El daño psicológico producido por la intervención de los Estados, el aparato mediático, las declaraciones intimidantes de expertos de todo tipo, y el papel asignado a emociones tan negativas como el miedo, van a tener unas consecuencias más profundas que todas las muertes que eventualmente haya producido esta enfermedad. Prueba de esto es el nuevo modelo de sociedad que la nueva normalidad está implantando. En amplios sectores de la población todavía se cree que las medidas que han sido adoptadas hasta la fecha son temporales, y que tarde o temprano volveremos a una situación similar a la que había antes de que fuese declarada la pandemia. Pero esto es irreal si nos atenemos al discurso oficial. No llamamos nueva normalidad a algo que va a ser eventual, sino a cambios que se pretende que sean irreversibles.

La sociedad del miedo es una sociedad de la obediencia y de la irreflexión. Se trata de una sociedad que no deja espacio para el pensamiento racional, el debate y la discusión de ideas. Es una sociedad muy funcional para el poder en la medida en que está diseñada para la obediencia. Pero a medio plazo es una sociedad que se descompone de manera acelerada por el tremendo coste social y económico que ello entraña. Por esta razón la única vacuna necesaria es aquella que inmunice a las personas contra el miedo. Y esa vacuna está mucho más cerca de lo que nadie puede imaginarse. Se llama estoicismo. El miedo es, al fin y al cabo, una forma de dolor, y los filósofos estoicos llamaban a resistir el dolor, pero también, y sobre todo, al miedo. Los ya citados autores de la filosofía clásica, como Epicteto, Séneca o Marco Aurelio, son un claro ejemplo de esto con sus llamadas a ser fuertes, a no temer el dolor y a renunciar al miedo.

Ciertamente el estoicismo fue un fenómeno que alcanzó su culminación en la sociedad romana debido a que en aquel entonces era muy funcional para el poder, pues resultaba útil para una potencia imperialista que su población, y más concretamente los soldados romanos, supiesen afrontar el dolor sin miedo. Pero la situación actual de las sociedades de la modernidad tardía es completamente distinta, y resistir el miedo, en los términos en los que lo plantea la filosofía estoica, es una impugnación total a la sociedad del pánico que hoy nos es impuesta por el poder. Desde el punto de vista político la filosofía estoica adquiere así una dimensión subversiva, y constituye un elemento importante a la hora de establecer las condiciones para una reflexión serena y racional de lo que acontece. Naturalmente a las elites mandantes, que hoy gobiernan a la población a través del miedo, no les interesa lo más mínimo que la gente corriente pierda el miedo, y mucho menos aún que comience a pensar por su cuenta.

Por último, señalar que la salud es una cuestión que pertenece al terreno de lo prepolítico al ser responsabilidad de cada persona. La politización de la salud conduce a que esta pase a ser una cuestión gestionada por alguien distinto de la persona como ocurre con el Estado, los expertos, las empresas, los medios de comunicación, etc. Significa, en suma, expropiarle a la persona su cuerpo y su salud para convertirlos en un espacio de poder de agentes externos que reducen a la persona a la condición de objeto. El resultado de estos procedimientos es la deshumanización del individuo que pasa a ser considerado un número en unas estadísticas, o lo que es peor, comienza a ser tratado como si fuera ganado.

La salud es una cuestión que le ataña exclusivamente al individuo porque se trata de su vida. No es aceptable que bajo el pretexto de la salud pública los cuerpos de las personas sean administrados por terceros, como hace hoy el Estado. La sociedad no es un ente abstracto, es una suma de individuos, y la salud pública es el compendio de la salud de cada uno de estos individuos. Cuando un agente exterior al individuo decide sobre su salud al definir lo que es saludable y lo que no, lo normal y desviado, lo aceptable e inaceptable, estamos ante una negación y expropiación de la facultad del individuo para cuidarse a sí mismo y autogestionar su salud. Esta intromisión del Estado en la vida de las personas atenta contra su libertad y dignidad, pero sobre todo contra su salud, porque sin libertad no puede haber salud.

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