¿En nombre de la protección a la salud se está respetando nuestro derecho a la salud?

En este periodo declarado de “pandemia” por los poderes públicos, es imperioso afirmar el derecho a la salud ha sido fuertemente vulnerado. ¿No lo crees? ¿Piensas precisamente lo contrario, que se ha hecho lo imposible para proteger la salud de las personas?

El derecho a la protección de la salud se recoge en el art. 43 de la CE que establece que se reconoce el derecho a la protección de la salud y que es a los poderes públicos a quienes compete organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.

El art. 41 de la misma norma dispone que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo.

Estos dos preceptos están situados en el Título I, Capítulo III, “De los Principios Rectores de la Política Social y Económica”, por tanto, en un apartado esencial de la Constitución.

La Ley 33/2011, General de Salud Pública, en el artículo 1 establece que “la ley tiene por objeto establecer las bases para que la población alcance y mantenga el mayor nivel de salud posible a través de las políticas, programas, servicios, y en general actuaciones de toda índole desarrolladas por los poderes públicos, empresas y organizaciones ciudadanas con la finalidad de actuar sobre los procesos y factores que más influyen en la salud, y así prevenir la enfermedad y proteger y promover la salud de las personas, tanto en la esfera individual como en la colectiva” y define la salud pública como el “conjunto de actividades organizadas por las Administraciones públicas, con la participación de la sociedad, para prevenir la enfermedad así como para proteger, promover y recuperar la salud de las personas, tanto en el ámbito individual como en el colectivo y mediante acciones sanitarias, sectoriales y transversales”.

Este derecho a la salud contenido en la CE tiene dos dimensiones, una dimensión social, que implica el derecho al mantenimiento de las condiciones de salud, y una dimensión individual, que supone el derecho a la atención sanitaria. Es decir, el contenido del derecho a la salud no solo es un derecho que los poderes públicos han de respetar y promover a nivel colectivo, sino que es un derecho de toda persona a tener atención sanitaria, conforme a unos principios que aludiremos posteriormente. Por otro lado, de la definición del concepto de salud pública recogida en la propia Ley General de Salud Pública se interpreta que se trata de un concepto complejo y amplio en el que se han de ponderar distintos elementos para ser respetuosos con él.

En este periodo declarado de “pandemia” por los poderes públicos, es imperioso afirmar que ambas dimensiones del derecho a la salud han sido fuertemente vulneradas y que no se ha actuado conforme al concepto amplio de salud pública de nuestro ordenamiento jurídico.

¿No lo crees? ¿Piensas precisamente lo contrario, que se ha hecho lo imposible para proteger la salud de las personas?

Verás, en cuanto a la dimensión social del derecho a la salud, si bien las medidas adoptadas han sido tomadas en nombre de la protección de la salud comunitaria, las consecuencias de las decisiones y medidas adoptadas para la contención de la COVID-19 han causado o pueden causar una mayor vulneración a las condiciones de salud de la población general que las que se han tratado de evitar. En este texto nos referiremos a dos de ellas: el impacto del confinamiento, de la desescalada y de las condiciones en que se materializa el concepto “nueva normalidad” (absolutamente antidemocrático) y el impacto del uso de mascarilla. En cuanto a la dimensión individual es notorio que el derecho de atención sanitaria ha quedado totalmente en suspenso: los centros de atención primaria están cerrados desde marzo, el retraso de citas en especialistas está a la orden del día, el aplazamiento de operaciones otro tanto y la denegación de asistencia a las personas mayores en residencias fue uno de los motivos fundamentales de mortalidad de muertes con COVID. Esta cuestión es tan evidente que poco más se puede añadir, la sanidad pública en España está SUSPENDIDA. No es asistencia sanitaria una consulta telefónica, no es asistencia sanitaria estar en una lista de espera sine die, no es asistencia sanitaria que generen tanto miedo en la población que las personas no se atrevan a ir a un centro de atención primaria o al hospital para ser atendidas.

El confinamiento, sin duda, ha supuesto un impacto en la salud, en las relaciones sociales y en la economía de dimensiones todavía desconocidas, pero todo apunta a que serán catastróficas. Las muertes con Covid-19 son inmediatas y tangibles. Los otros costos diabólicos del cierre impuesto a millones son más complejos y a largo plazo. Sin duda, las muertes con Covid son lo más fácil de medir[1].

Varios apuntes al respecto. A finales de 2019 se hizo público el IX Informe del estado de la Pobreza, que anualmente publica la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social. En di­cho informe, se concluye que en España se encuentran 12.188.288 personas en si­tuación de riesgo de pobreza y/o exclu­sión social, lo que representa a un 26,1% de población. La incidencia que las repercusiones económicas van a generar en las personas en forma de desempleo, estrés social, exclusión, pobreza severa… son innegables y como se sabe todas estas cuestiones tienen una incidencia clara en la salud, sea por imposibilidad de acceso a alimentos saludables, llevanza de vida saludable, avocamiento a consumos…

Por otro lado, el miedo y el confinamiento está trayendo unas consecuencias psicológicas catastróficas[2]. Los servicios de salud mental de todo el país están desbordados y aunque todavía no se han publicado los datos de suicidios del primer semestre de 2020, los expertos, y también la OMS, alertan de su aumento por las políticas de contención del virus[3]. Así por ejemplo, en Andalucía, el consumo de antidepresivos aumentó más de un 10% el pasado mes de marzo, y un 9% el de ansiolíticos (el estado de alarma se inició el 14 de marzo)[4]. En este sentido es tremendamente interesante el manifiesto del colectivo Psicólogos por la verdad.

Además, no se ha demostrado que el confinamiento masivo e indiferenciado esté relacionado decisivamente con el descenso en el número de casos que se inició a principios de abril. Es probable que la curva de contagios (que precede en hasta dos semanas a la aparición de síntomas) comenzara a aplanarse antes del estado de alarma y del arresto domiciliario de la población. Ha sucedido, de manera bastante similar, en la mayoría de los países europeos, independientemente del nivel de las restricciones a las libertades ciudadanas y a la vida económica y social[5].

Sobre la imposición de la mascarilla decir que la mascarilla afecta a la función vital básica que es la respiración y de la que depende el correcto funcionamiento del resto de funciones y sistemas que nos mantienen en vida y con una salud equilibrada. El distrés respiratorio tiene consecuencias inmediatas sobre nuestro sistema neurológico y cognitivo, sobre nuestro sistema circulatorio, metabólico, digestivo, endocrino, inmune…

El porte de la mascarilla deprime automáticamente nuestro sistema inmune al simplemente impedir su normal funcionamiento, esto es, la normal exposición de nuestro organismo a los patógenos de todo tipo que circulan y nos infectan cotidianamente, así como la producción refleja de las defensas naturales que producimos, también contra Covid19 en el caso de las personas perfectamente sanas y/o sin comorbilidades de especial afectación respecto de esta enfermedad.

En su documento de recomendaciones para el uso de EPIs (equipo de protección especial), la OMS establece que el uso de la mascarilla sólo procede si la persona presenta síntomas respiratorios. Además, la propia OMS ha reconocido en posteriores comunicados que por sí sólo, el porte de la mascarilla no garantiza la seguridad frente al contagio.

En definitiva, las medidas de confinamiento masivo e indiferenciado, de distanciamiento social, el uso de mascarillas, lavado compulsivo de manos, la desinfección sistemática, son contrarias a la Ley de Salud Pública por tres motivos fundamentales: carecen de sustento científico conforme a los datos que se tienen hasta el momento, no son proporcionadas y pueden afectar a la salud de la mayor parte de la población.

Las premisas de salud pública de poner los medios necesarios para que la población alcance y mantenga el mayor nivel de salud posible a través de las políticas, programas, servicios, ha decaído por completo en nombre de la COVID-19.

Es evidente que el que se lleven a cabo políticas, que de manera unánime y exclusiva atienda a la prevención de una patología (“solo hay covid”), no repare en la necesidad de poner medios para sanar a toda una población estrictamente encerrada por 50 días y con serias restricciones después y no ponga a disposición de la población sus servicios de atención a la salud.

La siguiente cuestión que se quiere plantear es qué principios concretos de la Ley de Salud Pública (además del propio concepto) y derechos básicos de la asistencia sanitaria se han vulnerado en esta gestión.

La Ley 14/1986, General de Sanidad, establece en el art. 10 referido a los derechos básicos del sistema sanitario español que están cimentados en los principios de respeto a la personalidad, dignidad humana e intimidad, (que son a su vez derechos del paciente). Esos derechos son: el derecho a no ser discriminado; el derecho a la información sobre los servicios sanitarios así como a ser advertido de si los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos que se le apliquen pueden ser utilizados en función de un proyecto docente o de investigación; el derecho a la confidencialidad del paciente que abarca el procedimiento y estancia en instituciones sanitarias; el derecho a la asignación de un médico y a la elección de médico y demás sanitarios; derecho a utilizar las vías de reclamación y de sugerencias; y el derecho a obtener los medicamentos y productos sanitarios que se consideren necesarios para promover, conservar o restablecer su salud.

El artículo 3 de la Ley de Salud Pública recoge los principios generales de acción en salud pública que son: el principio de salud en todas las políticas; principio de pertinencia, principio de evaluación, principios de transparencia, principio de integralidad y el principio de seguridad.

Estos principios han sido infringidos con las medidas adoptadas.

Principio de salud en todas las políticas. Dice la ley que las actuaciones de salud pública tendrán en cuenta las políticas de carácter no sanitario que influyen en la salud de la población, promoviendo las que favorezcan los entornos saludables y disuadiendo, en su caso, de aquellas que supongan riesgos para la salud. Sin duda, el uso de la mascarilla o los confinamientos indiferenciados, la desatención de todas las patologías que no sean COVID, los protocolos de atención en las consultas, etc… influyen indiscutiblemente en la salud de la población.

Principio de pertinencia. Las actuaciones de salud pública atenderán a la magnitud de los problemas de salud que pretenden corregir, justificando su necesidad de acuerdo con los criterios de proporcionalidad, eficiencia y sostenibilidad. No cabe duda que ha estado presente la falta de proporcionalidad y racionalidad de las medidas adoptadas frente a los datos no controvertidos de que la COVID-19 no ha cumplido con los pronósticos que se auguraron. El incide de afección en la mayor parte de la población es leve, la mortalidad ha resultado ser mucho menor de la esperada y la incidencia del ciclo infeccioso del virus parece terminó en mayo.  Las medidas adoptadas, por cuanto se ha dicho, se tratan de medidas poco eficientes e insostenibles desde el punto de vista humano y de los derechos. Ni en materia de fumigaciones, ni en el uso de mascarillas, ni en la distancia social, existe una justificación técnica o científica, menos a partir el mes de mayo.

Por otro lado, se han visto fuertemente afectados los derechos de información y consentimiento de los pacientes y se ha privado a los pacientes de alternativas razonables de prevención y tratamiento.

Principio de evaluación. Las actuaciones de salud pública deben evaluarse en su funcionamiento y resultados, con una periodicidad acorde al carácter de la acción implantada. La persistencia y contumacia de las medidas ineficientes y desproporcionadas es indiscutible. En la fase de desescalada y ahora de la llamada nueva normalidad, si bien los datos reflejan una prácticamente nula incidencia del virus en muertes e ingresos en UCI, se mantienen medidas tremendamente invasivas. El uso de la mascarilla en los centros escolares es una de ellas.

Principio de transparencia. Las actuaciones de salud pública deberán ser transparentes. La información sobre las mismas deberá ser clara, sencilla y comprensible para el conjunto de los ciudadanos. Se establece la exigencia de que la información sobre salud dirigida al público sea veraz y cumpla con las previsiones de esta ley, especialmente cuando sea difundida a través de los medios de comunicación social. Otro de los preceptos que, sin duda, se puede decir se han vulnerado. Además, la Ley se refiere al derecho a la información y de participación ciudadana en estrecha relación con este principio de transparencia. En este sentido, dice que Ley que los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones en que se agrupen o que los representen, tiene derecho a ser informados, con las limitaciones previstas en la normativa vigente, en materia de salud pública por las Administraciones competentes. Este derecho comprende en todo caso, el de: a) Recibir información sobre los derechos que les otorga esta ley, así como sobre las vías para ejercitar tales derechos; b) Recibir información sobre las actuaciones y prestaciones de salud pública, su contenido y la forma de acceder a las mismas; c) Recibir información sobre los condicionantes de salud como factores que influyen en el nivel de salud de la población y, en particular, sobre los riesgos biológicos, químicos, físicos, medioambientales, climáticos o de otro carácter, relevantes para la salud de la población y sobre su impacto. Si el riesgo es inmediato la información se proporcionará con carácter urgente; d) Toda la información se facilitará desagregada, para su comprensión en función del colectivo afectado, y estará disponible en las condiciones y formato que permita su plena accesibilidad a las personas con discapacidad de cualquier tipo.

Principio de integralidad. Las actuaciones de salud pública deberán organizarse y desarrollarse dentro de la concepción integral del sistema sanitario. En este sentido, la desatención sanitaria que están suponiendo las medidas adoptadas ya mencionada para el abordaje de la pandemia han vulnerado completamente esta concepción integral del sistema sanitario.

Principio de seguridad. Las actuaciones en materia de salud pública se llevarán a cabo previa constatación de su seguridad en términos de salud. El desprecio a este principio también es indudable, sea en materia de uso de mascarilla y su incidencia, sea en una eventual obligatoriedad de la vacuna de la COVID-19.

Además de las leyes ordinarias ahora mencionadas, existen otras leyes especiales que atienden situaciones excepcionales. Así, la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, establece en el art. 1 que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias, adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.

Las medidas que la ley permite adoptar por parte de las autoridades sanitarias se encuentran en el art. 2 y son el reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad. El art. 3 establece que con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisibles.

Se trata esta de una brevísima ley de solo cuatro preceptos donde no hay un desarrollo acerca de en qué se pueden concretar esas medidas o los límites de los mismas, por lo que será necesario atender a la Ley de Salud Pública y la Ley Orgánica del Estado de alarma, excepción y sitio, así como a los principios generales del derecho para valorar su adecuación.

El art. 1.2 Ley Orgánica del Estado de alarma, excepción y sitio refiere a que las medidas de emergencia que se adopten deben ser las estricta­mente indispensables y su apli­cación se realizará de forma proporcio­nada a las circunstancias. Sobre la vulneración de derechos fundamentales véase la entrada en este blog que lleva por título “Hemos cedido nuestros derechos fundamentales ¿hasta dónde estamos dispuestas a renunciar?”

El principio de proporcionalidad es el principio-límite más importante para proteger los derechos de la ciudadanía frente al poder público. Conforme a este principio se han de ponderar los medios y fines y costes y beneficios. Solo si las medidas adoptadas son adecuadas al fin y el beneficio es más valioso que el sacrificio que produce, serán medidas legítimas.

¿Se puede decir que las medidas son adecuadas al fin y que el beneficio es más valioso que el que produce? Creemos que no.

Hemos expuesto hasta ahora los efectos en la salud de la población algunas de las medidas adoptadas, la desatención médica de todas las patologías no COVID, hemos aludido también a que el confinamiento no parece que “aplanase la curva” y que hoy las muertes e ingresos en UCI son prácticamente inexistentes.

Veamos algunos datos más:

Fuente: Creación propia a través de datos del Ministerio de Sanidad

Fuente: Ministerio de Sanidad.

El descenso de personas fallecidas desde abril es indudable e igualmente ocurre con los ingresos en UCI. Sin embargo, las pruebas PCR han ido aumentando. En la medida en que el uso de PCR’s se ha consolidado como una estrategia para abordar la enfermedad y se han dado fondos específicos para ellos por la Comunidad Europea, los números han crecido. Esto no significa de ninguna manera que esas personas tengan COVID-19, se conoce lo inespecífico de la prueba. Pero si lo tuvieran, los datos dicen que en el 95 % de los casos la personas tiene los síntomas de un resfriado común.

Los datos, si se comparan con las causas de fallecimiento por otras enfermedades en los últimos años son irrisorios.

Fuente: Creación propia a través de datos del Ministerio de Sanidad

Fuente: Creación propia a través de datos del Ministerio de Sanidad

Con todo, el Gobierno no ha hecho el mínimo esfuerzo por justificar sus medidas conforme a la Ley de Salud Pública y el derecho de toda la ciudadanía al disfrute de la salud, y sigue sin hacerlo. No se conocen los informes técnicos, jurídicos, sanitarios, médicos o económicos para dichas medidas, pero tampoco se hacen preguntas importantes que justificaran las restricciones tan severas de derechos y para atender de forma seria LA SALUD DE TODA LA POBLACIÓN.

Jon Ander Etxebarria, compañero de Abre los Ojos y decano del Colegio de Biólogos de Vizcaya, plantea algunas. Os dejamos con ellas:

 ¿Cuál fue la evolución a lo largo del año de hospitalizados, UCIs y fallecidos por neumonías resistentes y gripe durante el año 2019?

• ¿Cuál ha sido la evolución a lo largo del año de hospitalizados, UCIs y fallecidos por neumonías resistentes y gripe y covid a lo largo de este año 2020?

• ¿Cuál ha sido la evolución de test de PCR realizados a lo largo de este año 2020?

• ¿Cuál ha sido la evolución del número de positivos y su % respecto a los test de PCR realizados a lo largo de este año 2020?

• ¿Cuál ha sido la evolución del % de asintomáticos respecto al número de test positivos de PCR?

• ¿Cuál ha sido la evolución de esos asintomáticos positivos durante la semana siguiente a dar positivo? ¿Cuántos han desarrollado la enfermedad?

• ¿Cuál ha sido el número de test de la gripe realizados a la población durante el año 2019 y cuál el de test de PCR de la covid a lo largo del 2020?

• Cuál ha sido el % de fallecidos que se habían vacunado de la gripe a lo largo del año 2020?

• ¿Cuál ha sido el % de fallecidos durante estos últimos años teniendo en cuenta los test realizados por gripe que se habían vacunado de la gripe y los que no se habían vacunado?

• ¿Cuál es el número de fallecidos por gripe durante el año 2019 y el de fallecidos por covid en 2020 en las residencias?

• ¿Cuál es el total de autopsias realizadas a los fallecidos por covid, con el fin de conocer realmente si han fallecido por covid o con covid?


[1] https://www.afr.com/policy/health-and-education/single-focus-approach-on-virus-takes-its-toll-20200808-p55jry

[2]https://www.huffingtonpost.es/entry/el-confinamiento-intermitente-no-puede-ser-la-solucion_es_5f273595c5b6a34284bc5768?utm_campaign=share_facebook&ncid=engmodushpmg00000003&fbclid=IwAR38NmNiJabGnhyJI7IJ6Q5r2pGvSEYQhnj7AwI8jk4Ewn7B994VfFA4r7k

[3] https://www.elindependiente.com/vida-sana/2020/04/19/los-suicidios-bajan-pero-se-elevaran-tras-el-confinamiento/.

[4] https://www.rtve.es/noticias/20200630/suicidio-depresion-otra-epidemia-mas-alla-del-coronavirus/2023531.shtml

[5] Entre otros: https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/hay-alternativas-al-estado-de-alarma-y-al-confinamiento

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